Alexis Aponte.- La semana pasada conversamos sobre el proceso de reconstrucción democrático del país y se abordó dos (2) puntos importantes: la Economía Transicional y la Justicia Transicional.
Queremos dar unas pinceladas sobre la primera, es decir la economía, enmarcada en un proceso de transición, que debe ser tumultuoso, de realidades para las clases más bajas, de reglas claras para el sector productivo y de incentivos para inversionistas nacionales e internacionales.
Será un proceso complejo porque tenemos 18 años con un modelo económico enemigo de la iniciativa privada, con un parque industrial en parte viejo y en gran parte ocioso. Se ha producido un cambio en la tenencia de la riqueza, pasando de personas acostumbradas a producir a manos de estafadores de oficio, a través de ese mecanismo perverso llamado control de cambio, que solo ha servido para enriquecer unos cuantos. Un marco legal inquisitorio, punitivo que limita cualquier iniciativa.
Si a eso le agregamos el petróleo, nuestra principal fuente de ingresos, como industria está sometida a un mercado volátil con tendencia a la baja en materia de precios, la aparición de energías alternativas y un consumo más racional. A lo Interno nuestra empresa cada día produce menos dado el degaste de los taladros, agotamientos de los campos petroleros, escasez de talento en la empresa y la cantidad de actividades que no se relacionan con la actividad petrolera, pero que adicionalmente le son cargadas a sus estados financieros, es obligatorio pensar en prospectiva que hacer con la industria petrolera y como potenciarla de cara a una transición económica.
Otro factor a considerar es el monto de la deuda externa, cuyo servicio respecto a a los ingresos petroleros, está en el orden del 45%, siempre y cuando no se disminuya producción y su precio no se sitúe por debajo de la línea de los US$ 40,00 por barril. Aun así, las holguras para decisiones económicas y financieras son escasas.
Otro tema es la economía de puertos, asimétrica, porque solo es de importaciones, y es imperativo en esa economía transicional darle comida a la gente y disponer de medicinas para las personas necesitadas. Someter a la población con un discurso de “sacrificio para luego estar mejor”, es difícil de comprar porque el hambre no espera y las enfermedades y la muerte duelen y enojan.
Como se podrá ver, no es fácil lo que viene y se requiere mucho tino, experiencia y conocimiento para tomar las medidas adecuadas, en un entorno social y económico donde no hay espacios para errores. Lo que se haga tiene que tener el aval y el consenso de todos los grupos de interés; sindicatos, empresarios y gobierno, partidos políticos mayoritarios y minoritarios, iglesia; ONGs e inversionistas extranjeros. Para graficar este tema es de todos conocidos las decenas por no decir centenas de contratos colectivos vencidos y el gobierno rechaza su discusión. Por lo tanto se requiere de un Gran Acuerdo Nacional para .reactivar la economía con puntos de coincidencia tales como:
- Diseñar un Plan de Estabilización Económica, el cual no debe confundirse con un plan de ajustes clásico propio de los años 80, el pueblo no lo aceptaría y afortunadamente los multilaterales en ese tema han cambiado su política de ayuda financiera.
- Acudir a los multilaterales para lograr “créditos puentes”, con el fin de obtener divisas y soportar la política cambiaria, el volumen de importaciones y el pago del servicio de la deuda externa.
- Desarrollar políticas monetarias, fiscales y cambiarias dirigidas a la unificación del tipo de cambio en un plazo breve. Desmontar el control de cambio en forma disruptiva, es muy difícil. Venezuela no es Argentina, ni tenemos los dólares suficientes para contener la demanda, más aún, con montos por concepto de repatriación de capitales que fácilmente sobrepasa los US$ 6 mil millones. Además, el diferencial cambiario es abismal.
- PDVSA requiere de una reingeniería, operativa, técnica, financiera, administrativa y organizacional que en breve plazo la convierta en una verdadera empresa petrolera. Esto debe incluir ¿Qué hacer con esa nómina inflada en miles de personas? algunas haciendo política y otras simplemente cobrando. Hay experiencias en Venezuela de cómo hacerlo con el menor costo de transacción posible y minimizar problemas sociales.
- La austeridad y la eficiencia fiscal debe ser un objetivo primordial por parte del gobierno nacional, regional y local. Las leyes deben ser duras al respecto para todo aquel que no la practique.
- Reducir la Inflación debe ser otro objetivo importante y esto no debe esperar. Aplicar políticas de incrementar la oferta de bienes y servicios, promover la competencia y la eficiencia en el gasto fiscal. Eliminar las funciones del BCV como banco de 2° piso a favor de PDVSA y las decenas de Fondos que solo incrementan el gasto público.
- Revisar y en algunos casos eliminar determinadas leyes que restringen las inversiones y la iniciativa privada y pública, tales como: la Ley del Trabajo, Ley de Inamovilidad Laboral, la Ley de Precios Justos.
- Incrementar la producción nacional a través del diseño de políticas de incentivos fiscales a todos aquellos empresarios y emprendedores en los sectores agrícola, pecuario y manufacturero.
- El combate de la corrupción en cualquiera de sus expresiones debe ser un objetivo significativo. Sancionar con toda la severidad de la ley a todos los imputados en casos comprobados. Aplicar con rigurosidad la doctrina de la “Renta Presunta” a imputados, relacionados y familiares hasta la segunda generación. Esto resuelve el “escrache” hoy de moda.
- Los líderes y la vocería de todo este Plan de Estabilización Económica deben y tienen que ser personas creíbles, con carácter y dominio del área, además de mostrarse como un equipo.
De cada uno de estos puntos se derivan objetivos específicos y operativos a desarrollar y dado el tamaño de la columna podrán tratarse en otro momento.
Esta es una humilde propuesta con aspiración de borrador, sujeta a la discusión pública y privada con el fin de lograr un documento más acabado.
