Ensayo sobre la reconstrucción republicana de Venezuela a partir del pensamiento de Arturo Uslar Pietri
Antonio Domingo Ecarri Angola
Casa Arturo Uslar Pietri
14 de julio de 2026
Hay pueblos cuya historia parece desarrollarse mediante una lenta acumulación de experiencias. Sus instituciones cambian gradualmente, corrigen sus errores, incorporan las lecciones del pasado y avanzan con la serenidad de quienes han aprendido que el tiempo también es un constructor de la vida política. Existen otros, en cambio, cuya historia parece avanzar a través de grandes conmociones. Durante largos períodos todo parece permanecer inmóvil hasta que un acontecimiento extraordinario modifica el paisaje conocido y obliga a la sociedad a replantearse preguntas que había preferido mantener en silencio. Guerras, terremotos, revoluciones, descubrimientos científicos, crisis económicas o transformaciones tecnológicas irrumpen entonces con la fuerza suficiente para alterar no sólo las circunstancias materiales de una nación, sino también la manera como esa nación se comprende a sí misma.
Venezuela pertenece, quizá, a esta segunda categoría. Nuestra historia republicana ha estado marcada por episodios cuya magnitud parecía anunciar siempre el comienzo de una época completamente distinta. Sin embargo, contemplados con la perspectiva que únicamente concede el tiempo, esos episodios revelan una continuidad sorprendente. Cambian los protagonistas, las circunstancias y los escenarios sobre los cuales se desarrolla la vida nacional, pero permanece una misma pregunta que vuelve bajo formas diferentes: si la República posee la madurez suficiente para comprender aquello que le está ocurriendo y convertirlo en un aprendizaje capaz de fortalecerla. La riqueza no hace grande a una nación, como tampoco la tragedia la condena. Ambas la examinan, porque obligan a mostrar la calidad de sus instituciones, la cohesión de su sociedad y la profundidad de la cultura cívica que había construido antes de ser puesta a prueba.
Esa pregunta, a mi juicio, atraviesa toda la obra de Arturo Uslar Pietri. Durante casi un siglo hemos leído Sembrar el petróleo como uno de los textos fundamentales del pensamiento económico venezolano. La valoración es correcta, pero resulta incompleta. Las grandes obras rara vez permanecen vivas porque expliquen con brillantez el problema inmediato que les dio origen o porque su eslogan se hizo atractivo; perduran porque descubren una estructura más profunda de la realidad. El petróleo fue el acontecimiento que motivó la reflexión de Uslar, pero su verdadero objeto era una República todavía muy joven, inacabada y enfrentada a una riqueza capaz de transformar radicalmente las condiciones sobre las cuales debía construir su futuro. Por eso el mejor homenaje que puede rendírsele noventa años después no consiste en repetir su fórmula, sino en volver a la pregunta que la hizo necesaria y examinar cuánto ha aprendido Venezuela desde entonces.
Las ideas parecen tener también una biografía. Nacen, se desarrollan, se corrigen y a veces alcanzan una madurez que sólo puede apreciarse cuando se observa el conjunto de la obra de un autor. Algo semejante ocurre con Uslar. Quien recorra cronológicamente sus novelas, ensayos e intervenciones públicas descubrirá que el petróleo aparece dentro de una preocupación mucho más antigua. Antes de preguntarse qué debía hacer Venezuela con la riqueza que empezaba a descubrir, Uslar se había interrogado sobre la fragilidad de la República, la dificultad de convertir una declaración política en una comunidad nacional y la forma en que los grandes acontecimientos alteran el destino de los pueblos. Por eso el punto de partida de esta reflexión no está en 1936, sino en la intuición literaria que había comenzado a tomar forma varios años antes, cuando un joven escritor venezolano observaba desde París el nacimiento violento de su país.
Las lanzas coloradas fue escrita en París entre 1929 y 1930 y publicada en Madrid en 1931. La novela ha sido leída, con justicia, como una de las grandes recreaciones de la guerra de Independencia. Sin embargo, bajo la trama histórica discurre otra reflexión, menos visible y probablemente más perdurable. La guerra interesa a Uslar menos por la sucesión de batallas que por aquello que revela acerca de la condición de la República naciente. Sus personajes avanzan entre dos mundos: el de un orden colonial que se resiste a desaparecer y el de una comunidad política que todavía no ha aprendido a existir. El nuevo lenguaje de la libertad convive con las jerarquías, resentimientos, servidumbres y lealtades personales heredadas de la Colonia. La República aparece así como una promesa audaz, pero también como una construcción frágil, incapaz todavía de integrar plenamente a la sociedad sobre la cual pretende ejercer autoridad.
Es en ese contexto donde aparece el terremoto del 26 de marzo de 1812. Uslar describe el derrumbe de iglesias, conventos, cuarteles y poblados, pero desplaza casi de inmediato la atención hacia una consecuencia menos visible. «El terremoto deshizo los poblados y desequilibró los espíritus», escribe en una frase que contiene, en estado germinal, buena parte de su pensamiento posterior.1 La observación no se agota en su valor literario. Un terremoto destruye edificios porque ésa es su naturaleza; el desequilibrio de los espíritus pertenece ya a otro orden de la realidad. La naturaleza puede abrir grietas en la tierra, pero no produce por sí sola la pérdida de confianza de una comunidad en el orden político que intenta construir. Todo eso ocurre después, cuando la sociedad busca interpretar el sentido de la experiencia que acaba de vivir. Es precisamente allí donde la geología deja de ser suficiente y comienza la historia.
La Primera República apenas tenía un año de vida. Había proclamado principios de una extraordinaria audacia para su tiempo, pero entre la proclamación de un derecho y el hábito de vivir conforme a él existe una distancia que ninguna constitución puede recorrer por sí sola. Las leyes pueden fundar un orden jurídico; no crean automáticamente una cultura republicana. Esa tarea exige tiempo, educación, experiencia compartida y una convicción suficientemente profunda para que la comunidad continúe creyendo en sus instituciones cuando éstas atraviesan las primeras pruebas de su existencia. El terremoto sorprendió a Venezuela en medio de ese aprendizaje y actuó sobre una sociedad cuya arquitectura política era casi tan reciente como vulnerables eran muchas de sus construcciones. La tragedia no inventó esa fragilidad, pero la hizo visible en el instante en que la República necesitaba demostrar que podía sostenerse frente a una fuerza que escapaba por completo a su voluntad.
La devastación física fue seguida por otra conmoción. La tragedia comenzó a interpretarse como un castigo providencial contra la Independencia. Desde numerosos púlpitos se predicó que la destrucción constituía una señal del rechazo divino al nuevo orden, y la lectura religiosa del desastre fue incorporada al conflicto de legitimidades que atravesaba la sociedad venezolana. La tierra no distinguía entre realistas y republicanos; las interpretaciones humanas sí lo hicieron. Uslar muestra a Domingo de Monteverde avanzando sobre una República desorganizada y sobre una población aterrada, no para afirmar que el sismo fuera la causa única de su caída, sino para revelar la forma en que un acontecimiento exterior puede acelerar un proceso de descomposición política cuando las instituciones todavía no han acumulado autoridad suficiente para preservar la confianza colectiva.
Conviene mantener esta distinción porque la historia no admite causalidades fáciles. El terremoto no explica por sí solo la caída de la Primera República, como tampoco la caída de aquella República explica por sí sola la irrupción posterior del fenómeno social y político llamado José Tomás Boves. Entre ambos acontecimiento mediaron errores militares, divisiones de la dirigencia, disputas territoriales, la acción de los realistas y, sobre todo, profundas fracturas sociales anteriores a 1812. Sin embargo, también sería un error ignorar que las grandes conmociones cambian las condiciones dentro de las cuales actúan todas las demás causas. El desastre debilitó una legitimidad incipiente, multiplicó el miedo y creó un espacio en el que las viejas tensiones pudieron adquirir una expresión política nueva. Cuando una comunidad pierde la capacidad de ofrecer un horizonte compartido, la incertidumbre deja de ser una emoción privada y se convierte en una fuerza que otros liderazgos pueden organizar.
Boves representa ese momento de nuestra historia. No únicamente como caudillo militar ni sólo como conductor de una caballería temible, sino como expresión de una fractura que la República no había conseguido integrar. En Las lanzas coloradas, Presentación Campos encarna la inversión violenta de un orden social que le había negado reconocimiento y dignidad. La guerra le permite dejar de obedecer y descubrir que la fuerza puede conferirle el mando que la estructura colonial le había reservado a otros. El bovismo fue al mismo tiempo contrarrevolución, insurrección social y destrucción del mundo colonial, pero no produjo una ciudadanía nueva ni una institucionalidad capaz de sustituir aquello que arrasaba. La autoridad seguía dependiendo de la presencia personal del caudillo; cuando Boves caía herido en Urica, la multitud perdía cohesión y la energía de la carga se transformaba en desconcierto. Allí donde la institución no existe, la obediencia permanece atada al hombre fuerte.
La relación entre el terremoto y Boves, por tanto, no debe formularse como una cadena mecánica. El sismo no produjo al caudillo, pero contribuyó a una secuencia de pérdida de legitimidad y desorganización dentro de la cual las fracturas sociales adquirieron una capacidad destructiva mayor. La réplica política del terremoto no fue un personaje, sino el vacío que se abrió cuando la República dejó de convencer, integrar y proteger. Boves ocupó ese vacío con la violencia de una sociedad que había acumulado resentimientos durante siglos y que encontró en la guerra una forma brutal de hacerse visible. La Primera República cayó dos veces: primero, porque no resistió la conmoción que debilitó su autoridad; después, porque no logró incorporar políticamente las fuerzas sociales que esa conmoción y la guerra habían dejado en libertad.
En esas páginas aparece una de las intuiciones más fecundas del pensamiento uslariano. Los acontecimientos extraordinarios no determinan por sí mismos el destino de las naciones; las obligan a mostrar aquello que realmente son. Una catástrofe puede destruir ciudades sin destruir la continuidad de una República, siempre que existan instituciones capaces de preservar la confianza, organizar la respuesta y convertir el dolor en aprendizaje. También puede producir consecuencias políticas mucho más prolongadas que el fenómeno físico cuando encuentra una comunidad fragmentada y un poder sin legitimidad suficiente. El terremoto de 1812 fue, en ese sentido, el primer gran examen de la República venezolana. Más de un siglo después, la historia volvería a formular la misma pregunta bajo una apariencia completamente distinta: ya no mediante una tragedia natural, sino a través de una riqueza cuya magnitud parecía capaz de resolver todos los problemas que el país había arrastrado desde la Independencia y que dio pie a 80 años de continuas guerras civiles y caudillismo.
La aparición del petróleo cambió la naturaleza del desafío. Hasta entonces, las grandes pruebas de la República habían llegado como fuerzas que debían soportarse. El petróleo introdujo una realidad cuya administración dependía de decisiones humanas. La naturaleza había colocado el recurso bajo el suelo venezolano, pero todo lo que ocurriera a partir de su explotación pertenecería a la responsabilidad política. El país ya no estaba obligado únicamente a resistir una conmoción, sino a gobernar una oportunidad extraordinaria. Por primera vez parecía posible acortar en pocas décadas procesos de modernización que otras sociedades habían recorrido durante generaciones: construir infraestructura, ampliar la educación, mejorar la salud, urbanizar el territorio y crear una economía capaz de superar la pobreza estructural que había caracterizado a Venezuela durante buena parte de su historia.
Esa posibilidad contenía una promesa legítima, pero también una ambigüedad que la abundancia inicial tendía a ocultar. Las grandes transformaciones rara vez anuncian todas sus consecuencias cuando comienzan. Al principio se presentan como una oportunidad excepcional; sólo con el tiempo revelan que, mientras la sociedad creía estar aprovechando un recurso, el recurso estaba modificando la estructura de esa sociedad. El petróleo no introdujo solamente una nueva actividad económica. Alteró la escala de las decisiones públicas, multiplicó la capacidad fiscal del Estado, aceleró la migración del campo a las ciudades y cambió la relación entre trabajo, prosperidad y poder. Aquello que parecía un instrumento del desarrollo podía terminar organizando el conjunto de la vida nacional y convirtiéndose en el criterio alrededor del cual la República pensara su futuro.
Ése fue el problema que Uslar advirtió en el editorial publicado por el diario Ahora el 14 de julio de 1936.2 Sembrar el petróleo suele leerse como un llamado a diversificar la economía mediante la agricultura, la cría y la industria. Esa lectura es exacta, pero no agota el alcance del texto. Uslar distinguía entre una economía destructiva, que consume una riqueza mineral no renovable, y una economía reproductiva, capaz de crear valor estable mediante el trabajo. Su propuesta consistía en convertir la renta extraordinaria de la mina en capacidad productiva permanente. Sin embargo, debajo de esa formulación económica existía una preocupación institucional: qué clase de Estado, qué cultura política y qué relación con el trabajo surgirían si la riqueza llegaba antes que la madurez necesaria para administrarla.
La fuerza de la expresión reside en el verbo. Sembrar implica renunciar al consumo inmediato para hacer posible una cosecha futura; supone paciencia, continuidad y cuidado. El petróleo debía dejar de ser una renta disponible para el reparto y convertirse en capital capaz de producir aun cuando la fuente original comenzara a agotarse o perdiera valor. En esa metáfora se encontraba una disciplina que Venezuela citó con frecuencia, pero que raras veces aceptó en toda su exigencia. Sembrar no era simplemente gastar en cosas útiles. Era subordinar el presente al futuro, someter la abundancia a una finalidad y reconocer que ningún ingreso excepcional puede sustituir el esfuerzo mediante el cual una sociedad crea riqueza, instituciones y autonomía.
Con el paso de los años, Uslar desarrolló esa intuición hasta convertir al petróleo en lo que llamó el tema de la historia viva de Venezuela.3 No se refería sólo al asunto que ocupaba más espacio en la economía, sino al hecho capaz de determinar silenciosamente el rumbo de los demás problemas nacionales. Cada época, pensaba, posee un tema central que organiza la acción colectiva aunque la discusión pública se distraiga en cuestiones secundarias. El petróleo se había convertido en ese centro porque condicionaba el Estado, la moneda, el empleo, las importaciones, la urbanización y las expectativas de la sociedad. Mientras no se gobernara esa fuerza, ella terminaría gobernando al país. De allí la imagen del Minotauro: una riqueza que debía ser dominada antes de que el laberinto construido a su alrededor hiciera imposible encontrar la salida con el trágico desenlace que le daban los griegos.
La abundancia, como el desastre, puede desequilibrar los espíritus. El terremoto hace creer que todo ha terminado; la riqueza prolongada puede hacer creer que nada terminará nunca. Ambas percepciones desplazan la atención desde lo que verdaderamente sostiene la continuidad de una nación hacia circunstancias que permanecen fuera de su control. Uslar temía que el petróleo debilitara el sentido de las proporciones, del ahorro y del esfuerzo, y que la prosperidad dejara de asociarse al trabajo para vincularse con el azar de una renta administrada desde el poder. No se trataba de condenar el recurso, sino de comprender que toda riqueza de semejante magnitud reorganiza las relaciones políticas de la sociedad que la recibe. La cuestión ya no era cuánto petróleo produciría Venezuela, sino qué clase de República terminaría produciendo el petróleo.
Durante varias décadas, la renta hizo posibles transformaciones que sería injusto desconocer. Venezuela amplió su infraestructura, extendió la escolarización, fortaleció las universidades, desarrolló servicios públicos, recibió inmigración y experimentó una movilidad social que modificó la vida de millones de familias. El Estado desempeñó un papel decisivo en ese proceso y la modernización material fue real. Precisamente por eso tardó tanto en advertirse la vulnerabilidad que crecía bajo aquellos logros. Mientras los ingresos aumentaban, parecía posible expandir simultáneamente el aparato público, subsidiar el consumo, financiar empresas, sostener una moneda fuerte y mantener una sociedad dinámica. La abundancia permitía postergar la discusión sobre los límites porque los costos de cada nueva responsabilidad podían ser cubiertos con la siguiente expansión de la renta.
El punto de inflexión institucional llegó en la década de 1970. La cuadruplicación de los ingresos petroleros después del aumento mundial de los precios alimentó la idea de que Venezuela podía acelerar por decreto su ingreso al desarrollo. La nacionalización de la industria fue presentada, con razón, como la culminación de una larga aspiración soberana. Pero la palabra nacionalización ocultó una diferencia que con el tiempo resultaría decisiva: en el plano operativo y económico, la industria y el comercio de los hidrocarburos no pasaron a la nación entendida como la comunidad plural de ciudadanos, territorios y generaciones, sino que fueron reservados al Estado, que asumió el monopolio de la actividad a través de una empresa pública.4 El patrimonio era invocado en nombre de todos, pero el poder efectivo de administrarlo se concentraba en un aparato político central.
Esa distinción no invalida el propósito histórico de la nacionalización ni desconoce los logros iniciales de Petróleos de Venezuela. Durante años, PDVSA preservó capacidades técnicas, desarrolló una cultura profesional, amplió operaciones y llegó a ocupar una posición destacada entre las empresas petroleras del mundo. La propiedad estatal no conduce necesariamente a la ineficiencia ni al autoritarismo, del mismo modo que la propiedad privada no garantiza por sí sola el interés general. El problema surgió en la arquitectura de poder que se consolidaba alrededor de la renta. El Estado era propietario y operador de la industria, regulador del sector, receptor del ingreso fiscal y distribuidor político de una parte creciente de las divisas. La posibilidad de confundir esas funciones quedó incorporada al diseño institucional aun cuando durante un tiempo la profesionalidad de la empresa lograra contener sus efectos.
La reforma del Banco Central de Venezuela aprobada en 1974 completó ese movimiento de concentración. El Estado pasó a ser el único accionista del instituto emisor, se eliminó la participación privada y el Ejecutivo adquirió una influencia directa sobre la designación de sus autoridades, dentro de una concepción que buscaba coordinar las políticas monetaria, fiscal y sectorial.5 Vista desde la bonanza, la coordinación parecía una ventaja. Vista desde la teoría republicana, significaba que el mismo centro político que administraba la principal fuente de divisas ampliaba también su capacidad de incidir sobre la moneda, el crédito y la orientación general de la economía. La nacionalización petrolera y la estatización del Banco Central no explican por sí solas el colapso posterior, pero modificaron la naturaleza del Estado venezolano y redujeron los espacios institucionales desde los cuales la sociedad podía limitar, contrastar o corregir sus decisiones, condenando en el tiempo la vida misma de la democracia civil que tomaba aquella decisiones.
A partir de entonces, el mayor flujo de divisas, la principal fuente de ingresos fiscales y una parte creciente de las decisiones económicas confluyeron alrededor del poder central. Cada incremento de la renta hizo posible una nueva competencia, una empresa pública adicional, un subsidio, una importación o una responsabilidad administrativa. El proceso parecía natural porque existían recursos suficientes para sostenerlo. Sin embargo, casi imperceptiblemente, la relación entre el Estado y la sociedad comenzó a invertirse. En una república fiscal, la sociedad produce, tributa y exige cuentas al poder que administra su contribución. En la Venezuela rentista, el Estado recibía del subsuelo una proporción decisiva de sus ingresos y los distribuía entre ciudadanos, empresas, regiones y organizaciones que comenzaban a depender de sus decisiones. El contribuyente tendía a transformarse en beneficiario y el gobernante adquiría la apariencia de dispensador de una riqueza que no había creado.
Esa inversión tuvo consecuencias políticas de larga duración. El viejo caudillismo venezolano, que durante el siglo XIX había descansado en la fuerza armada, el control territorial y las lealtades personales, encontró en el siglo XX un instrumento más poderoso: la chequera petrolera. El mando podía financiar empleos, contratos, divisas preferenciales, subsidios, obras y privilegios. Parte de la coerción abierta fue sustituida por dependencia material, y la centralización fiscal fortaleció el hiperpresidencialismo de una República que ya poseía una tradición de poder personal. El petróleo no creó al caudillo, pero amplió de manera extraordinaria los recursos disponibles para quien ocupara el centro del Estado. Cuando el acceso a las oportunidades depende crecientemente del administrador de la renta, la alternancia deja de ser sólo una disputa por el gobierno y empieza a percibirse como una lucha por el control material del país.
No se trató de un proceso inmediato ni lineal. Durante muchos años coexistieron la expansión del Estado con una empresa privada activa, una universidad vigorosa, una prensa crítica y una vida cultural fecunda. La democracia venezolana conservó espacios de pluralismo y construyó instituciones valiosas. Precisamente esa convivencia hizo menos visible la mutación profunda que avanzaba bajo la prosperidad. El Estado crecía con mayor rapidez que los contrapesos llamados a limitarlo, y la sociedad se acostumbraba a reclamar del poder soluciones que éste podía financiar mientras la renta continuara expandiéndose. El problema no consistía únicamente en el tamaño del Estado, sino en el origen de los recursos que sostenían ese tamaño y en la debilidad de la relación fiscal que debía vincular la contribución ciudadana con la responsabilidad pública.
La nacionalización, por tanto, debe leerse con una doble mirada. Fue una afirmación soberana y, al mismo tiempo, el punto en que la principal riqueza del país quedó incorporada de manera más completa a la lógica del Estado central. No era inevitable que ese diseño terminara en colapso. Habría podido ser equilibrado mediante reglas fiscales, fondos de estabilización, autonomía real del Banco Central, descentralización, controles parlamentarios, auditoría pública y una separación estricta entre la gestión empresarial y la necesidad política del gobierno. Lo decisivo fue que esas defensas no alcanzaron la fortaleza necesaria. Cuando la abundancia comenzó a disminuir y la competencia política se hizo más intensa, la tentación de utilizar la empresa, la moneda y la renta para sostener el poder terminó imponiéndose sobre la obligación de preservarlos como bienes de largo plazo.
Con el paso de los años, la preocupación de Uslar se desplazó desde la administración de la riqueza hacia la capacidad de Venezuela para sobrevivir a su retirada. No fue una rectificación de Sembrar el petróleo, sino el desarrollo natural de aquella advertencia. El problema ya no era solamente que la renta se consumiera sin crear una economía reproductiva; era que el país hubiera organizado alrededor de ella el presupuesto, la moneda, las importaciones, el empleo público, los subsidios, clientelismo partidista exacerbado y buena parte de la estabilidad social. En sus últimas entrevistas imaginó una caída importante de los precios y resumió el riesgo con una imagen que muchos consideraron alarmista: «Venezuela sería un caso para la Cruz Roja Internacional. Aquí vendrían a repartir sopas en las esquinas».6 La frase no era una predicción del mercado, sino un diagnóstico sobre la vulnerabilidad de un Estado y una sociedad que habían aprendido a depender de un único soporte.
La lógica que sostenía aquella advertencia era rigurosa. Una sociedad puede soportar la pérdida de una fuente importante de ingresos cuando ha construido capacidades para sustituirla. Puede atravesar un período de escasez si dispone de instituciones capaces de distribuir con justicia los costos, preservar la confianza y proteger a los más vulnerables. Lo que difícilmente resiste es la desaparición simultánea del recurso que financia al Estado, sostiene la moneda, permite importar, remunera al sector público y alimenta las expectativas colectivas. En ese caso no se contrae solamente una industria; comienza a retirarse el suelo fiscal sobre el cual se levantó el orden político. El petróleo, que había llegado como una conmoción de abundancia, contenía dentro de sí la posibilidad de otra conmoción cuando dejara de sostener el edificio construido a su alrededor.
La historia terminó verificando esa intuición de una manera que Uslar no alcanzó a presenciar plenamente. El deterioro de la industria petrolera comenzó mucho antes de las sanciones impuestas por Estados Unidos y el conflicto político. La producción descendió durante años como resultado de la insuficiente inversión, la pérdida de personal especializado, la partidización al extremo de la gestión, la descapitalización, la corrupción y el deterioro de las instalaciones. La Administración de Información Energética de Estados Unidos registró que la producción cayó de 2,3 millones de barriles diarios en enero de 2016 a 1,6 millones en enero de 2018, y atribuyó la aceleración del descenso a la combinación de precios relativamente bajos y mala gestión.7 Para entonces, la industria que sostenía la economía ya había perdido parte considerable de la capacidad técnica que necesitaba para reproducir su propia riqueza.
Las sanciones financieras impuestas a partir de 2017 y la sanción contra PDVSA por el Departamento del Tesoro en enero de 2019 no crearon esa decadencia, pero actuaron sobre una estructura profundamente debilitada y redujeron aún más sus posibilidades de financiamiento, comercialización, mantenimiento y recuperación.8 Presentar las causas internas y externas como explicaciones incompatibles empobrece el análisis. Una industria sana habría tenido mayores capacidades para resistir la presión; una industria deteriorada difícilmente podía atravesar indemne restricciones de tal magnitud. La responsabilidad interna por la destrucción gerencial e institucional no desaparece al reconocer el efecto agravante de las sanciones, del mismo modo que la crítica a esas medidas no exige negar los errores, abusos y decisiones que prepararon el terreno sobre el cual actuaron.
Lo verdaderamente extraordinario fue que la caída de la producción no se limitó al sector energético. El Estado perdió ingresos, la moneda se debilitó hasta entrar en hiperinflación, los salarios se pulverizaron, los servicios públicos se deterioraron y la capacidad de importar alimentos, medicamentos y repuestos se contrajo. El sistema de subsidios que había sostenido la relación entre la renta y la sociedad dejó de garantizar bienestar y pasó a administrar una escasez cada vez más profunda. Mientras menor era la riqueza disponible, más intensa se volvía la disputa por controlar su distribución. El Estado que había asumido responsabilidades crecientes quedó incapacitado para cumplirlas, pero conservó y aun amplió mecanismos de control sobre una población empobrecida. La hipertrofia institucional no produjo fortaleza; produjo un organismo incapaz de sostener el peso que él mismo había acumulado.
El costo humano de ese derrumbe se expresó en una migración de dimensiones continentales. Cerca de 7,9 millones de refugiados y migrantes venezolanos vivían fuera del país según los registros internacionales disponibles al cierre de 2025.9 No todos partieron por la misma causa, y sería impropio reducir un desplazamiento tan complejo a la caída del petróleo. Intervinieron el conflicto político, la persecución, la inseguridad, la pérdida de empleo, la destrucción de los servicios y la ausencia de expectativas. Sin embargo, resulta imposible separar el éxodo de la implosión de un modelo económico y estatal organizado alrededor de la renta. Cada familia fragmentada, cada maestro, médico, ingeniero o trabajador obligado a comenzar de nuevo en otra tierra representa una parte del capital humano que la República no supo preservar cuando se retiró la riqueza que había confundido con su propia estabilidad.
El reventón del pozo Barroso II en 1922 había hecho visible la llegada de la era petrolera y alterado la imaginación nacional. Un siglo después no hubo un instante único y espectacular que anunciara el final de ese ciclo. La retirada se manifestó como una implosión prolongada: taladros paralizados, refinerías deterioradas, apagones, hospitales sin insumos, salarios sin valor y familias dispersas por el continente. Barroso II mostró la fuerza con que el petróleo entraba en la historia venezolana; la diáspora mostró el costo de llegar al final de aquella etapa sin una economía capaz de sustituirlo ni unas instituciones capaces de administrar su declive. La riqueza había sido una prueba al llegar y se convirtió en otra prueba cuando dejó de sostener al Estado que había aprendido a depender de ella.
En ese punto, la advertencia de Uslar adquirió una dimensión más profunda. La cuestión venezolana nunca fue, en sentido estricto, una cuestión petrolera. El petróleo fue el escenario donde se manifestó con mayor intensidad, pero el problema era anterior y más amplio: cómo construir una República capaz de gobernar su propio destino. El terremoto de 1812, el fenómeno de Boves, la irrupción de la renta, la expansión del Estado y el colapso del modelo dejan de ser capítulos inconexos cuando se los observa como sucesivos exámenes de una misma capacidad nacional. Una y otra vez, Venezuela se encontró frente a acontecimientos extraordinarios sin haber convertido suficientemente la experiencia anterior en previsión, la previsión en instituciones y las instituciones en una forma estable de libertad.
Esa conclusión obliga a revisar el lugar de la educación en el pensamiento político venezolano. Durante demasiado tiempo la hemos considerado un sector entre otros, importante pero subordinado a las urgencias del presupuesto, la economía o la política. La experiencia muestra que el orden verdadero es inverso. La educación no es sólo uno de los destinos posibles de la renta petrolera; es la condición que hace posible cualquier utilización inteligente de esa renta. Una nación puede disponer de recursos inmensos y continuar siendo incapaz de traducirlos en bienestar si no ha formado ciudadanos, instituciones y dirigentes capaces de gobernar con prudencia aquello que la fortuna puso en sus manos. Del mismo modo, puede atravesar una crisis severa y encontrar en ella el comienzo de una etapa distinta cuando posee la inteligencia colectiva necesaria para aprender de la adversidad.
Entendida así, la educación desborda la escuela sin perderla como centro. Incluye la formación de criterio, la capacidad de verificar hechos, el respeto por la ley, la responsabilidad fiscal, la comprensión del riesgo, la memoria histórica y el hábito de deliberar con quien piensa distinto. Una República educada no es aquella que acumula información, sino aquella que transforma la experiencia en conocimiento, el conocimiento en prudencia y la prudencia en instituciones. La soberanía deja entonces de ser una palabra vinculada exclusivamente al territorio o al subsuelo. Comienza en la conciencia del ciudadano que puede pensar por sí mismo, exigir cuentas, cooperar con otros y participar en la construcción de un futuro común. Sin esa soberanía interior, la propiedad formal de la riqueza no impide que el administrador del Estado termine ejerciendo sobre la sociedad un poder desproporcionado.
Cuando Venezuela apenas comenzaba a comprender la magnitud del ciclo que había concluido, la historia volvió a examinarla. El 24 de junio de 2026 dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron el norte del país con menos de un minuto de diferencia. El balance disponible al cierre de esta edición superaba los cuatro mil fallecidos y los dieciséis mil heridos, mientras miles de familias habían quedado sin vivienda y la reconstrucción aparecía como una tarea nacional de dimensiones extraordinarias.10 La cercanía temporal del desastre impide conocer todavía todas sus consecuencias, y las cifras podrán variar. Lo esencial, sin embargo, puede afirmarse desde ahora: la tierra no creó la crisis venezolana. Puso al descubierto, con una claridad dolorosa, la República que habíamos construido antes de que comenzara a moverse.
La capacidad de respuesta de las instituciones, la calidad de la planificación urbana, la resistencia de las edificaciones, la preparación de las comunidades, los sistemas de emergencia y la confianza entre ciudadanos y autoridades eran realidades anteriores al sismo. La tragedia las reveló. También mostró una reserva moral que el largo conflicto político no había conseguido extinguir. Vecinos, bomberos, rescatistas, médicos, universidades, iglesias, empresas, organizaciones sociales y voluntarios se movilizaron con los medios disponibles; en muchos lugares, la ayuda comenzó antes de que existiera una coordinación suficiente. Esa solidaridad no sustituye al Estado ni permite romantizar la improvisación. Demuestra algo distinto: la sociedad venezolana conserva energías capaces de responder al dolor ajeno, pero necesita instituciones que sepan organizar esa energía sin absorberla, desperdiciarla ni convertirla en instrumento de propaganda.
La experiencia confirmó que la reconstrucción no puede reducirse a devolver cada piedra al lugar que ocupaba antes del desastre. Reparar significa restituir una cosa al estado anterior; reconstruir implica aceptar que la experiencia ha modificado nuestra comprensión de la realidad y que regresar exactamente al punto de partida equivaldría a ignorar la lección recibida. Una vivienda segura no es solamente un techo nuevo, sino suelo estudiado, normas sismorresistentes, servicios, escuela, salud, transporte, drenaje, seguridad jurídica y comunidad. Un hospital reconstruido sin mantenimiento, una escuela levantada en una zona de riesgo o una carretera contratada sin controles pueden devolver la apariencia de normalidad mientras reproducen las condiciones del siguiente desastre. El mayor costo no es únicamente el de las obras; es el de reconstruir vulnerabilidad.
Las reconstrucciones que la historia recuerda no se limitaron a recuperar infraestructura. Japón no aprendió a convivir con los terremotos porque lograra eliminarlos de su geografía, sino porque incorporó el riesgo a la educación, la investigación, la planificación urbana, las normas de construcción y los hábitos ciudadanos. La recuperación de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial tampoco consistió únicamente en reactivar fábricas y levantar ciudades, sino en construir un nuevo marco jurídico, educativo y político capaz de impedir que el orden anterior regresara bajo otra forma. En ambos casos, la obra material fue inseparable de una transformación intelectual. La reconstrucción comenzó cuando esas sociedades comprendieron que el sufrimiento sólo adquiere sentido público si se convierte en una capacidad que no existía antes de la crisis.
Venezuela enfrenta una tarea semejante, aunque nacida de su propia historia. La reconstrucción debe ser material, pero también ética, institucional y territorial. Debe reconocer a los afectados como sujetos de decisión y no como receptores pasivos de ayuda. La dignidad exige que las familias participen en el diseño de las soluciones que modificarán sus comunidades, que la información sea pública, que los contratos puedan ser auditados y que las prioridades no dependan de la adhesión política. La emergencia puede justificar decisiones rápidas, pero no una discrecionalidad permanente. Cuanto mayores sean los recursos movilizados, más claras deben ser las reglas que determinen su origen, destino y control. La confianza no nace de pedir obediencia, sino de permitir que la sociedad compruebe cómo se administra el esfuerzo común.
Esa tarea no puede cumplirse por la sola acción del Estado, pero tampoco al margen de él. La experiencia venezolana demuestra que la concentración excesiva del poder debilita a la sociedad, mientras la ausencia de instituciones confiables deja a los ciudadanos expuestos a la improvisación y al privilegio. La reconstrucción exige un Estado capaz de cumplir con firmeza las responsabilidades que le corresponden, una sociedad suficientemente organizada para no depender de su tutela y cuerpos intermedios que conecten la iniciativa ciudadana con el interés general. Universidades, empresas, gremios, comunidades, organizaciones sociales, iglesias, academias y centros de investigación poseen conocimientos y capacidades que ninguna burocracia puede sustituir. La subsidiariedad no significa abandono estatal, sino reconocer que aquello que puede resolverse cerca de las personas no debe ser absorbido por un centro distante, opaco y unilateral.
La construcción de consensos adquiere en este marco una importancia que no puede reducirse a la negociación entre dirigentes. Un consenso nacional no consiste en borrar las diferencias ni en imponer una versión única del pasado. Consiste en acordar las reglas que permitan procesar esas diferencias sin que cada conflicto amenace la continuidad de la República. Venezuela necesita discutir el lugar del Estado, el papel del mercado, la administración de los recursos naturales, la descentralización, la educación y la protección social; ninguna de esas conversaciones será fecunda mientras se desarrolle bajo la lógica de que una mitad del país debe derrotar definitivamente a la otra. El venezolano que piensa distinto no es un obstáculo que deba ser removido, sino parte de la realidad nacional sin la cual cualquier proyecto de reconstrucción permanecerá incompleto.
La educación republicana comienza también allí, en la capacidad de convivir con el desacuerdo sin convertirlo en una forma de guerra. Una sociedad educada no es aquella donde todos alcanzan la misma conclusión, sino aquella que ha aprendido a discutir dentro de un marco de respeto, verdad y responsabilidad compartida. El petróleo permitió postergar esa conversación durante años porque la abundancia facilitaba distribuir recursos sin resolver las diferencias de fondo. Cuando la renta disminuyó, las tensiones que el dinero había ayudado a contener reaparecieron con mayor violencia. La escasez no creó la polarización, pero eliminó mecanismos que permitían disimularla. La reconstrucción institucional exige formar ciudadanos y dirigentes capaces de construir acuerdos antes de que la próxima crisis vuelva a imponerlos bajo las peores condiciones.
La necesidad de aprender adquiere todavía mayor urgencia cuando el mundo entra en una época de transformaciones aceleradas. La inteligencia artificial, la automatización, las nuevas fuentes de energía, la biotecnología y el cambio del orden internacional están modificando simultáneamente el trabajo, la producción, la seguridad, la comunicación y la educación. Ningún país puede prever con exactitud el alcance de esos procesos, pero todos tendrán que gobernarlos. El petróleo fue el gran acontecimiento extraordinario del siglo XX venezolano; el siglo XXI estará marcado por fuerzas distintas que plantearán el mismo problema moral e institucional. La técnica puede ampliar capacidades, pero también concentrar poder y profundizar desigualdades cuando las normas, la conciencia y los controles maduran más lentamente que los instrumentos. La pregunta vuelve a ser si la República aprenderá más rápidamente que las transformaciones que la rodean.
Fue en ese punto donde la expresión Educar el petróleo adquirió para mí un significado diferente. No se trata de sustituir la propuesta de Uslar por una consigna nueva, ni de afirmar que la educación fue una ausencia absoluta en su pensamiento. Se trata de prolongar su intuición a la luz de una experiencia histórica que hoy la vemos más completa. Sembrar el petróleo respondía al desafío de transformar una renta transitoria en riqueza productiva. Educar el petróleo significa formar una República capaz de gobernar el ciclo entero de esa riqueza: su descubrimiento, expansión, aprovechamiento, declive y sustitución. Significa, además, desarrollar la capacidad de enfrentar cualquier otra conmoción natural, económica, tecnológica o política sin permitir que vuelva a encontrar al país con la misma vulnerabilidad que ya había mostrado en el pasado.
La palabra educación no aparece aquí como un adorno. Nombra una disciplina de la libertad. Educar el petróleo exige someter la renta a reglas, límites, transparencia y rendición de cuentas; separar al Estado propietario del Estado regulador y del gobierno que gasta; devolver autonomía a la moneda; descentralizar capacidades y permitir que los territorios dejen de comparecer ante Caracas como solicitantes permanentes. Exige utilizar la riqueza todavía disponible para dignificar al maestro, recuperar la escuela, sostener la ciencia, financiar infraestructura segura y crear una economía cuya estabilidad dependa cada vez menos del mismo recurso que la ayuda a reconstruirse. La finalidad no es abandonar el petróleo, sino impedir que vuelva a ocupar el lugar que corresponde al trabajo, al conocimiento y a la iniciativa de la sociedad.
Venezuela necesita recuperar su industria, atraer inversión, producir más y aprovechar los recursos que aún posee. Sería irresponsable renunciar a una riqueza capaz de contribuir a la recuperación material de un país empobrecido. Pero sería todavía más irresponsable restaurar el modelo que convirtió esa riqueza en centro exclusivo de la economía, del Estado y de la disputa política. La recuperación petrolera sólo tendrá sentido si sirve para reducir progresivamente la dependencia petrolera, si fortalece la autonomía de los ciudadanos y si el ingreso extraordinario se transforma en capacidades que sobrevivan a su declive. La propiedad pública del subsuelo debe expresarse en beneficios públicos verificables, no en la expansión discrecional de un poder que confunde administrar con poseer y soberanía con monopolio político.
En ese sentido, la tarea venezolana no es otra revolución entendida como ruptura total, sino una reparación exigente de la República. Reparar no significa olvidar las injusticias ni conservar intacto el orden que las produjo. Significa restituir la dignidad, reconstruir la confianza, limitar el poder y crear condiciones para que la libertad sea una posibilidad concreta, especialmente para quienes han cargado con el mayor costo de la crisis. La reconstrucción debe nacer de un consenso de reemplazo que no reparta cuotas entre élites, sino que sustituya la lógica del caudillo y la renta por un orden de corresponsabilidad, legalidad y educación. La convivencia política no es una concesión generosa entre adversarios; es la condición de viabilidad de una nación que ya conoce el precio de organizar toda su vida alrededor del enemigo.
Noventa años después, la propuesta de Uslar conserva su vigencia precisamente porque la historia ha ampliado el problema. Sembrar el petróleo continúa siendo necesario, pero ninguna siembra dará frutos permanentes si la República que debe cuidarla carece de ciudadanos formados, controles eficaces, continuidad institucional y una cultura pública capaz de anteponer el futuro común al beneficio inmediato. Educar el petróleo significa educar la República para que ninguna riqueza vuelva a sustituir el trabajo, ninguna tragedia vuelva a sustituir la inteligencia y ningún acontecimiento extraordinario vuelva a encontrar al país más desprevenido que la vez anterior. La frase no designa un programa sectorial; resume una teoría de la continuidad republicana basada en la capacidad de aprender de la propia historia.
Quizá entonces podamos mirar de otro modo la larga secuencia que comenzó con el terremoto de 1812, atravesó la irrupción petrolera, la construcción y el colapso del Estado rentista y llegó hasta la tragedia de 2026. No como una fatalidad nacional ni como prueba de una incapacidad permanente, sino como una historia que todavía puede ser comprendida y, por ello, modificada. Una nación no está condenada a repetir indefinidamente sus errores mientras conserve la posibilidad de aprender. Esa posibilidad no reside bajo el suelo, en la fortuna de los mercados ni en la aparición providencial de un gobernante. Reside en la decisión lenta y compartida de convertir la experiencia histórica en una forma más madura de ciudadanía, de autoridad y de responsabilidad común.
Arturo Uslar Pietri escribió Sembrar el petróleo cuando Venezuela comenzaba a descubrir la dimensión de la riqueza que iba a transformar todo el siglo XX. Nosotros conocemos la promesa y también el costo de aquella transformación. La mejor manera de honrar su advertencia no consiste en conservarla como una fórmula inmóvil, sino en continuar pensando desde ella. La tarea de nuestra generación será demostrar que el país puede utilizar nuevamente sus recursos sin quedar subordinado a ellos, reconstruir lo perdido sin restaurar las condiciones que produjeron su vulnerabilidad y convertir una experiencia de dolor en el comienzo de una República más consciente de sus límites, más respetuosa de la dignidad de sus ciudadanos y, por fin, capaz de aprender de su propia historia.
NOTAS DE REFERENCIA
1. Arturo Uslar Pietri, Las lanzas coloradas, 5.ª ed. (Buenos Aires: Editorial Losada), p. 61. La novela fue escrita en París entre 1929 y 1930 y publicada por primera vez en Madrid en 1931.
2. Arturo Uslar Pietri, «Sembrar el petróleo», diario Ahora, Caracas, 14 de julio de 1936. El editorial contrapone la economía destructiva de la mina con la creación de riqueza agrícola, pecuaria e industrial reproductiva.
3. Arturo Uslar Pietri, «El tema de la historia viva», incluido en De una a otra Venezuela y posteriormente en Los venezolanos y el petróleo. Uslar identifica el petróleo como el hecho central que condicionaba el destino nacional.
4. Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, promulgada el 29 de agosto de 1975 y en vigor desde el 1 de enero de 1976. La ley reservó al Estado las actividades del sector y encomendó su ejecución a Petróleos de Venezuela, S. A.
5. La reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela de 1974 excluyó la participación de accionistas privados y dispuso que el Estado fuese el único accionista; también vinculó más directamente la designación del Directorio con el Ejecutivo Nacional. Véase Alberto B. Ross, Un estudio sobre la autonomía administrativa del Banco Central de Venezuela (BID, 2000), y la cronología de la Fundación Empresas Polar.
6. Entrevista a Arturo Uslar Pietri en el programa 24 Horas (Venezuela, 1996) y recopilación de la Casa Arturo Uslar Pietri, «Arturo Uslar Pietri, la conciencia de un país», 26 de febrero de 2017. La versión reproducida por la Casa Uslar incluye la advertencia sobre la Cruz Roja Internacional y las sopas en las esquinas.
7. U.S. Energy Information Administration, «Venezuela’s crude oil production declines amid economic crisis», 13 de marzo de 2018. La EIA señaló que la producción descendió de 2,3 millones de barriles diarios en enero de 2016 a 1,6 millones en enero de 2018 y atribuyó la aceleración del descenso a precios bajos y mala gestión.
8. U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control, «Issuance of a New Venezuela-related Executive Order and General Licenses; Venezuela-related Designation», 28 de enero de 2019. OFAC designó a PDVSA conforme a la Orden Ejecutiva 13850. Las restricciones financieras más amplias habían comenzado en 2017.
9. ACNUR, «Venezuela situation», datos de gobiernos y de la Plataforma R4V: cerca de 7,9 millones de refugiados y migrantes venezolanos en el mundo al cierre de 2025.
10. Reuters, «Two major earthquakes strike Venezuela», 24 de junio de 2026, y «Death toll from Venezuela earthquakes rises to 4,490», 12 de julio de 2026. Los dos sismos fueron estimados en magnitudes 7,2 y 7,5; el balance provisional del 12 de julio reportaba 4.490 fallecidos, 16.740 heridos y 17.907 personas sin hogar. Las cifras permanecían sujetas a revisión.
