Luis Xavier Grisanti.- El Programa de Febrero (1936) del presidente Eleazar López Contreras contempló la creación de un Instituto Emisor. Fue una de las ideas primigenias de Alberto Adriani, su ministro de Hacienda, quien falleció inesperadamente aquel año. Para el economista merideño la creación de un banco central de emisión representaba un requisito fundamental de la estabilidad económica, monetaria, fiscal y productiva de un país; un elemento clave del desarrollo de las fuerzas productivas. Y así lo propone desde su retiro en Zea (1930-1935), en su ensayo (1931) “La crisis, los cambios y nosotros:”
“Un Banco Central de Emisión, para el cual se aprovechara nuestra propia experiencia y la de otros países, y que siguiera los mejores modelos, podría dar mayor solidez, y al mismo tiempo mayor flexibilidad a nuestro sistema monetario, y permitir la unidad y la efectividad del control sobre la tasa de descuento y sobre nuesto cambio.”
Recordemos que, para el momento en que el presidente López presenta al país su Programa de Febrero, reputados bancos privados eran los emisores de monedas, billetes y circulante monetario. No existía un Instituto Emisor. Venezuela era uno de los últimos países de América Latina y el mundo que no contaba con un banco central. Colombia contaba con un Instituto Emisor desde 1923.
El jefe del Estado encargó al Ministro de Fomento, Manuel R. Egaña, redactar el proyecto de Ley del Banco Central de Venezuela y designó una comisión presidencial para elaborar su estructura organizacional. Integraron dicha comisión, además de los ministros de Hacienda y de Fomento, el entonces contralor general de la República, Dr. Gumersindo Torres, el Dr. Gustavo Herrera y el Lic. Xavier Lope-Bello. El ministro Egaña revisó la legislación existente sobre bancos centrales en diversos países del mundo. El Ejecutivo Nacional presentó a la consideración del Congreso Nacional el proyecto de Ley, el cual fue aprobado y el presidente López le puso el ejecútese, el 8 de setiembre de 1939.
Hubo un acalorado debate nacional sobre la conveniencia de la creación del Instituto Emisor. Banqueros notables y prestigiosos, como don Henrique Pérez Dupuy, se opusieron tenazmente a la creación del Banco Central de Venezuela, con argumentos sin duda sólidos. Los banqueros opositores temían que cualquier gobierno futuro decidiera emitir dinero inorgánico para financiar sus déficits fiscales, desatar una espiral inflacionaria y devaluar el signo monetario nacional, el Bolívar. Sostenían que, para evitar dichos males, el sector privado estaba mejor capacitado para preservar la estabilidad monetaria del país, proteger a los ahorristas, controlar la inflación y fomentar el desarrollo económico del país por medio de un sistema de pagos que no estuviera interferido por el Estado y que no respondiera a los intereses políticos del gobierno.
Se opusieron a la creación del Banco Central de Venezuela, prestigiosas instituciones financieras, como el Banco de Maracaibo, el Banco de Fomento Comercial de Maracaibo, el Banco Caracas, el Banco Mercantil y Agrícola, el Banco Venezolano de Crédito y el Banco de Venezuela. El Dr. M.O. Romero Sánchez introdujo una demandad de nulidad de la Ley del Banco Central ante la Corte Federal y de Casación (Corte Suprema de Justicia) y desplegó una intensa campaña en los medios de comunicación y en el Congreso Nacional contra la precitada ley. Este hecho retrasó la entrada en vigor de la Ley.
El 20 de diciembre de 1940, La Corte Federal declaró sin lugar el libelo, obligando a los bancos a retirar los billetes y monedas emitidos y a vender al Banco Central de Venezuela sus reservas de oro. Dos bancos, el Venezolano de Crédito y el Venezuela, se negaron a entregar su oro y el litigio duró hasta 1956, cuando se dirimió a favor de la nación.
Este ejemplo es indicativo, no solamente de que el presidente López Contreras actuaba exclusivamente en defensa del interés público y tenía la firmeza necesaria para enfrentarse judicialmente a poderosos banqueros que defendían su interés particular, por más legítimo que este fuera, sino de los beneficios que se derivan de un verdadero Estado de Derecho, dentro del cual las partes en litigio se sienten representadas por un Poder Judicial autónomo e independiente, confiando a éste la resolución de un asunto de tanta trascendencia tanto para ellos como para la República y para el sistema de medios de pago.
En otro ejemplo de civismo republicano, recordemos cómo el ex ministro Manuel R. Egaña, durante el primer gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez (1974-1979), se rehusó a vender un pequeño lote de acciones en el capital social del Banco Central de Venezuela, cuando el gobierno decidió estatizar completamente el Instituto Emisor, el cual desde su fundación estuvo compuesto por capital mixto y los privados podían ser accionistas. Era un gesto simbólico del Dr. Egaña para proteger la autonomía del BCV y poner de relieve su temor de que el Instituto Emisor pudiera ser politizado o pudiera responder a intereses político-partidistas después de la estatización.
