López Contreras: un estadista para la economía, por Luis Xavier Grisanti

López Contreras: un estadista para la economía, por Luis Xavier Grisanti

Luis Xavier Grisanti.- Deseo agradecer en primer lugar la invitación de mi apreciado colega, el embajador José Eugenio López Contreras, y de la Dra. Mercedes López de Parra, Individuo de Número de la Academia Nacional de Medicina, por la honrosa invitación a este oportuno foro. Gracias por brindarme la oportunidad de dirigirme a esta calificada audiencia y realizar un apretado resumen de la política económica del presidente Eleazar López Contreras (1883-1973). Saludo a los demás panelistas, el embajador Milos Alcalay y los profesores Carlos Alarico Gómez y David Rolando Chacón. Celebro la iniciativa de que hayamos comenzado el foro con la exhibición del excelente documental de mi buen amigo, Carlos Oteyza, cineasta e historiador.

Comienzo por manifestar que quien les habla podría mostrar un sesgo acentuado a favor de la sobresaliente obra de gobierno y valía ciudadana del general civilista nacido en Queniquea, Estado Táchira. Mi abuelo materno, el capitán de altura y coronel de artillería, Marco Tulio Cano Rocha, oriundo de Ejido, Estado Mérida, fue colaborador del estadista tachirense, después de haber sufrido cerca de 15 años de cárcel durante la dictadura del Gral. Juan Vicente Gómez. Mi abuela, doña Braulia Febres Cordero de Cano, siempre guardó especial aprecio por su paisano andino. Y me acompaña hoy mi sobrino y ahijado, el Ing. Alberto Adriani González, descendiente del economista Alberto Adriani, ministro de Agricultura y de Hacienda del presidente López Contreras.

Debido al corto tiempo de que dispongo, voy a centrar mi exposición en tres componentes esenciales de la política económica del presidente López Contreras (1935-1941): 1. El modelo de organización económica de su gobierno; 2. La fundación del Banco Central de Venezuela; y 3. El prudente nacionalismo petrolero de su gestión gubernamental.

El modelo económico: hacia una economía social de mercado

Una gestión de gobierno debe fundamentar sus políticas públicas conforme a una doctrina económica debidamente delineada desde un principio, formulada orgánicamente y desprovista de superficialidades ideológicas o improvisaciones inadecuadas.

Un jefe de Estado de la calidad de Eleazar López Contreras escoge a sus ministros y colaboradores entre las figuras de mayor entidad académica o profesional dentro de su respectivo campo de actividad, sea económico, social, cultural, político o científico. López seleccionó a dos jóvenes venezolanos bien formados, honestos y con una arraigada vocación de servicio público. Fueron ellos, el economista merideño Alberto Adriani (1898-1936) y el abogado llanero nacido en Zaraza (entonces llamada la Atenas del llano venezolano), Dr. Manuel R. Egaña (1900-1985).

Gracias a la iniciativa del Dr. Simón Alberto Consalvi, se nos encomendó escribir las biografías de ambos estadistas para la Biblioteca Biográfica Venezolana, patrocinada por el diario El Nacional y Bancaribe. En nuestras lecturas pudimos encontrar textos escritos por ambos servidores públicos, a quienes podríamos calificar como precursores de lo que hoy se denomina en la Unión Europea, el modelo social europeo y la economía social de mercado.

En los años 30 del siglo XX tiene lugar la Gran Depresión en los Estados Unidos y Europa, con su secuela de quiebra de empresas, desempleo y pobreza. Se estremecen los dogmas del liberalismo económico, el llamado laissez – faire, según el cual sólo las fuerzas del mercado libremente ejercidas garantizan el bienestar social con un Estado no interventor. Los cimientos del capitalismo son cuestionados.

Los logros industriales del nacionalsocialismo nazi y fascista en Alemania e Italia atraen a muchos intelectuales y jóvenes, al igual que el proceso de industrialización acelerado que implanta Joseph Stalin en la Unión Soviética, basado en la eliminación de la propiedad privada, la colectivización agropecuaria y la estatización de los medios de producción. Se pone en ejecución la dictadura del proletariado, a partir de la cual el socialismo abriría paso al comunismo como sociedad perfecta e igualitaria. En nombre de las masas proletarias se implantan economías de planificación central y regímenes autocráticos apuntalados por un partido único, el Partido Comunista.

Alberto Adriani, desde su retiro en Zea, Estado Mérida, entre 1930 y 1935 (donde se dedicó a la actividad de producción y exportación agropecuaria de su familia), propone un modelo alterno y distinto: un “plan metódico” formulado entre el Estado y el sector privado y una “economía orgánica,” que descanse sobre la iniciativa empresarial como fundamento del crecimiento y el desarrollo económicos. Desde el Alto Escalante, Adriani escribe:

Un plan económico permitirá coordinar las actividades económicas de un país, tanto las públicas como las privadas, y darles la dirección que más se acuerde con los intereses permanentes de la Nación. A este plan se adecuarían la política de tierras baldías, la inmigración y colonización, la sanitaria, la agrícola, la minería, la industrial, la comercial, la fiscal, la bancaria, la de comunicaciones, la hidráulica. La iniciativa privada seguirá libre, pero es claro que no podrá ni le convendría apartarse de las líneas del plan.

Manuel R. Egaña, por su parte, señala que el modelo económico no era conveniente que fuera ni el laissez – faire, sin intervención del Estado, ni el de estatización de los medios de producción y eliminación de la propiedad privada. Y así expresa:

Sería insensato e inútil que se tratara de aplicar entre nosotros, digamos, el régimen soviético o el régimen nazista, como la adopción de un régimen de completo laissez – faire, laissez aller, laissez passer, porque Venezuela tiene su propia doctrina económica, resultado natural y espontáneo de su propia vida…lo que importa, pues, no es definir si el Estado, en Venezuela, debe ser liberal o intervencionista, sino estudiar el grado mayor o menor en que deba intervenir…

Egaña, ministro de Fomento, procede a enumerar, en 1940, cinco principios que hacen procedente “un mínimum de intervención estatal” en la economía:

  1. Conviene estimular la libre competencia para que se reduzcan los precios en los mercados concurridos…
  2. Es aconsejable respetar los amplios márgenes de beneficios que puede reportar una inversión…por ser Venezuela país de crecimiento rápido…
  3. El instrumento administrativo para una intensa intervención económica es todavía insuficiente…
  4. Conviene reducir el coeficiente del presupuesto nacional dedicado a retribución de funcionarios y servicios…
  5. El concepto de que todo lo bueno y lo malo se espera del Estado tiene un efecto desmoralizador sobre la población, especialmente la población rural…”

Esta última recomendación es particularmente relevante para nuestro tiempo, por cuanto a lo largo de décadas, desde entonces, los gobiernos de Venezuela y la sociedad venezolana misma, han dependido en extremo de las dádivas y subsidios del Estado, y allí encontramos la génesis de nuestra mentalidad rentística derivada de la riqueza petrolera, que ya entonces era objetada por tres de los principales colaboradores del presidente López: Adriani, Egaña y Arturo Uslar Pietri.

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La fundación del Banco Central de Venezuela

El Programa de Febrero contempló la creación de un Instituto Emisor. Fue una de las ideas primigenias de Alberto Adriani. Para el economista merideño la creación de un banco central de emisión representaba un requisito fundamental de la estabilidad económica, monetaria, fiscal y productiva de un país; un elemento clave del desarrollo de las fuerzas productivas. Y así lo propone desde su retiro en Zea, en su ensayo (1931) “La crisis, los cambios y nosotros:

Un Banco Central de Emisión, para el cual se aprovechara nuestra propia experiencia y la de otros países, y que siguiera los mejores modelos, podría dar mayor solidez, y al mismo tiempo mayor flexibilidad a nuestro sistema monetario, y permitir la unidad y la efectividad del control sobre la tasa de descuento y sobre nuestro cambio.

Recordemos que, para el momento en que el presidente López presenta al país su Programa de Febrero, reputados bancos privados eran los emisores de monedas, billetes y circulante monetario. No existía un Instituto Emisor. Venezuela era uno de los últimos países de América Latina y el mundo que no contaba con un banco central. Colombia contaba con un Instituto Emisor desde 1923.

El jefe del Estado encargó al Ministro de Fomento, Manuel R. Egaña, redactar el proyecto de Ley del Banco Central de Venezuela y designo una comisión presidencial para elaborar su estructura organizacional. Integraron dicha comisión, además de los ministros de Hacienda y de Fomento, el entonces contralor general de la República, Dr. Gumersindo Torres, el Dr. Gustavo Herrera y el Lic. Xavier Lope-Bello. El ministro Egaña revisó la legislación existente sobre bancos centrales en diversos países del mundo. El Ejecutivo Nacional presentó a la consideración del Congreso Nacional el proyecto de Ley, el cual fue aprobado y el presidente López le puso el ejecútese, el 8 de setiembre de 1939.

Hubo un acalorado debate nacional sobre la conveniencia de la creación del Instituto Emisor. Banqueros notables y prestigiosos, como don Henrique Pérez Dupuy, se opusieron tenazmente a la creación del Banco Central de Venezuela, con argumentos sin duda sólidos. Los banqueros opositores temían que cualquier gobierno futuro decidiera emitir dinero inorgánico para financiar sus déficits fiscales, desatar una espiral inflacionaria y devaluar el signo monetario nacional, el Bolívar. Sostenían que, para evitar dichos males, el sector privado estaba mejor capacitado para preservar la estabilidad monetaria del país, controlar la inflación y estimular el crecimiento económico del país por medio de un sistema de pagos que no estuviera interferido por el Estado y que no respondiera a los intereses políticos del gobierno.

Se opusieron a la creación del Banco Central de Venezuela, el Banco de Maracaibo, el Banco de Fomento Comercial de Maracaibo, el Banco Caracas, el Banco Mercantil y Agrícola, el Banco Venezolano de Crédito y el Banco de Venezuela. El Dr. M.O. Romero Sánchez introdujo una demandad de nulidad de la Ley del Banco Central ante la Corte Federal y de Casación (Corte Suprema de Justicia) y desplegó una intensa campaña en los medios de comunicación y en el Congreso Nacional contra la precitada ley. Este hecho retrasó la entrada en vigor de la Ley.

El 20 de diciembre de 1940, La Corte Federal declaró sin lugar el libelo, obligando a los bancos a retirar los billetes y monedas emitidos y a vender al Banco Central de Venezuela sus reservas de oro. Dos bancos, el Venezolano de Crédito y el Venezuela, se negaron a entregar su oro y el litigio duró hasta 1956, cuando se dirimió a favor de la nación.

Este ejemplo es indicativo, no solamente de que el presidente López Contreras actuaba exclusivamente en defensa del interés nacional y tenía la firmeza necesaria para enfrentarse judicialmente a poderosos banqueros que defendían su interés particular, por más legítimo que este fuera, sino de los beneficios que se derivan de un verdadero Estado de Derecho, dentro del cual las partes en litigio se sienten representadas por un Poder Judicial autónomo e independiente, confiando a éste la resolución de un asunto de tanta trascendencia tanto para ellos como para la República y para el sistema de medios de pago.

En otro ejemplo de civismo republicano, recordemos cómo el ex ministro Manuel R. Egaña, durante el primer gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez (1974-1979), se rehusó a vender un pequeño lote de acciones en el capital social del Banco Central de Venezuela, cuando el gobierno decidió estatizar completamente el Instituto Emisor, el cual desde su fundación estuvo compuesto por capital mixto y los privados podían ser accionistas. Era un gesto simbólico del Dr. Egaña para proteger la autonomía del BCV y poner de relieve su temor de que el Instituto Emisor pudiera ser politizado o pudiera responder a intereses político-partidistas después de la estatización.

El nacionalismo prudente: la suspensión de las concesiones petroleras

La política petrolera del presidente López Contreras se desenvolvió bajo principios que hemos calificado como de nacionalismo prudente, despojado de patrioterismos estériles y nocivos. El petróleo había ya comenzado a desplazar al carbón como principal fuente de energía de la economía mundial. Venezuela desde 1928 se había convertido en el primer exportador de petróleo del planeta. El mundo comenzaba a salir de la Gran Depresión económica de los años 30 y el consumo petrolero global se encontraba en franco aumento.

En México, el presidente Lázaro Cárdenas había tomado la decisión de nacionalizar la industria petrolera, en 1938. Al presidente Cárdenas no le había quedado otro remedio después de diversos enfrentamientos con las empresas petroleras internacionales, en búsqueda de mejores beneficios sociales para los trabajadores y una mayor participación fiscal. En Venezuela, el presidente López había manejado con tino la huelga petrolera de 1936, había logrado de las empresas internacionales aumentos en los salarios de los trabajadores y había promulgado una reforma de la Ley de Hidrocarburos que mejoraba la participación fiscal del Estado.

En aquel contexto, sectores de la opinión pública venezolana propiciaron que Venezuela siguiera el ejemplo de México. López, en cambio, descartó la estatización; pero procedió a suspender el otorgamiento de nuevas concesiones petroleras, muchas de las cuales, no fueron concedidas en términos ortodoxos durante la dictadura del Gral. Gómez.

En su mensaje anual al Congreso Nacional, correspondiente al año 1938, el esclarecido estadista andino, afirmó:

Últimamente Se ha suspendido el otorgamiento de nuevas concesiones (a las empresas petroleras internacionales), con el objeto de que, conocido el valimiento de nuestras tierras, la Nación se halle en capacidad de sacar el mejor provecho. La experiencia habida, ha aconsejado algunas reformas a la Ley de la materia (de Hidrocarburos), que considero de trascendencia capital y que os recomiendo con encarecimiento, por cuanto dichas innovaciones se encaminan a darle al Ejecutivo amplias facultades para el otorgamiento de concesiones en forma de asociación, es decir, en que la Nación entre como socio y las correspondientes al establecimiento de una refinería nacional.

De manera que el presidente López y su ministro de Fomento Egaña practicaron un nacionalismo sensato y, además, formulan dos propuestas innovadoras entonces: la asociación entre las empresas petroleras internacionales y la Nación, y la valoración de los hidrocarburos mediante la construcción de la primera refinería en el país.

La reducción del período presidencial y la alternabilidad democrática

Concluyo mis palabras destacando la significación del gesto de López Contreras de propiciar una reforma de la Constitución Nacional para reducir de 7 a 5 años el período presidencial. No deja de haber quienes han sostenido que era una forma de retirarse para volver. Si así lo hubiere sido tampoco habría sido un hecho reprochable. A nuestro juicio, fue un gesto del más puro republicanismo: consolidar el principio de la alternabilidad en el poder en una auténtica democracia. El haber tomado esa determinación después de que Gómez ejerciera el poder durante 27 años (1908-1935) y su predecesor, el Gral. Cipriano Castro, por casi nueve años (1999-1908), demuestra sin lugar a duda el talante democrático de Eleazar López Contreras.

Comparemos aquel gesto de hace ochenta años con el reciente del presidente Jacques Chirac. Es conocida la llamada presidencia imperial francesa y la huella de autócratas ilustrados como Francisco I, Luis XIV – el Rey Sol y Napoleón Bonaparte. Chirac se redujo el período presidencial de 7 a 5 años en la última década del siglo XX, pero no se lo aplicó a sí mismo, sino a su sucesor.